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El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ha decidido por unanimidad el día 18 de octubre del corriente año, de acuerdo al Art. 8 de su Estatuto (“El Directorio puede designar miembros honorarios, en caso de relevantes meritos, abogados residentes fuera de la Capital Federal”), nombrar miembro correspondiente al Dr. Emilio Cornejo Costas, lo que ocurre por primera vez en Salta.

El Dr. Emilio Cornejo Costas, es  Profesor Titular Plenario de la U.N.Sa. y la Universidad Católica de Salta, perteneciente a Academias  e Institutos Jurídicos del país, pertenece y ha sido ratificado como integrante del Consejo Académico Permanente para la Organización de Congresos y Jornadas de Derecho Societario y de la Empresa, como también del Consejo Académico de la Revista de Derecho Comercial de Editorial De Palma, fundada en 1970 por el recordado maestro Isaac Halperin.

DATOS PRELIMINARES DEL CENSO 2001

Salta es la octava provincia del país considerando la población. Su crecimiento fue de un 23 % , bastante superior a la media nacional (10,5 %), ubicándose entre las siete provincias con mayor índice de crecimiento. El único distrito que disminuyó su población fue Capital Federal, con un porcentaje del - 8 %.

En general las mujeres son mayoría, salvo en las provincias de Misiones, Formosa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En Salta hay 8.883 más mujeres que varones (50,42 % y 48,58 % , respectivamente). El distrito con mayor porcentaje de mujeres es Capital Federal (54,62 %), mientras que Tierra del Fuego registra el menor porcentual (48,84 %).

Prof. Miguel Kortsarz

Exiliada es la persona que, por razones de fuerza mayor, se ve obligada a dejar su lugar de nacimiento, su país, su familia, su trabajo y todo aquello que lo ha transformado en un ser humano y que, como tal es un conjunto de todas las cosas que lo han rodeado y que necesariamente lo han transformado.
Por ahí un exiliado tiene suerte y llega a un país donde se habla su idioma y puede más o menos sobrevivir; porque no se vive: se sobrevive.
Algo muy parecido pasa con la gente de la tercera edad. Cuando uno se jubila, los supuestos amigos del trabajo son, en realidad, ex compañeros a quienes no les importa sobre su situación actual. Es decir, es una forma de exilio social por el mero hecho de haber vivido más tiempo del que se pensaba. Eso es envejecimiento.
El envejecimiento de la población es indudablemente uno de los mayores cambios de este siglo; uno de los principales desafíos, no solamente para las sociedades post-industriales sino para el mundo globalizado.
Este fenómeno es ahora parte de todas las agendas políticas y sociales, alimenta el debate público y echa leña al fuego de los conjuros mitológicos y apocalípticos que han acompañado el fin del milenio: que la ola gris va a llevar a la bancarrota económica a los países desarrollados. Los países industrializados se horrorizan por este cambio en la pirámide humana.
La importancia demográfica de la población y, lo que es más, los desafíos sociales que resultan del envejecimiento de la población y la transformación de la estructura de edad están fuertemente contrastados con la población mayor y sus condiciones de vida.
En todo el mundo se están llevando a cabo permanentemente congresos sobre el problema del envejecimiento. Y la pregunta es ¿qué hemos hecho en nuestro país? Teníamos en su momento una Secretaría de la Tercera Edad, y en la actualidad no sabemos si sigue existiendo; y si es así, qué están haciendo.
Lo que sabemos de la tercera edad es un conocimiento fotográfico o estático, y podríamos definirlo como rudimentario. Por otra parte, el análisis demográfico que deriva de los censos refieren más que nada a la enfermedad como causa de la muerte.
Como están las cosas, es prácticamente imposible saber hasta qué punto el progreso que subyace en esta extraordinaria extensión de la vida humana ha llevado a mejorar o empeorar el estado de salud de la población adulta.
Es importante que el Estado Nacional y los integrantes de este grupo social descubramos quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos.

Los países que adoptaron la forma de gobierno federal se han visto en la necesidad de diseñar esquemas financieros –de gastos y recursos- acordes con esa organización institucional

Según Porto (1), el Gobierno Federal es un sector público con niveles centralizados y descentralizados de toma de decisiones, en el que las elecciones hechas a cada nivel con respecto a la provisión de los servicios públicos están determinadas en gran medida por la demanda de esos servicios por los residentes en las respectivas jurisdicciones. Esta definición se complementa con la formulación por el mismo autor del "problema teórico central" del federalismo fiscal: "la determinación de la estructura óptima del sector público en términos de la adscripción de las responsabilidades en la toma de decisiones sobre unas funciones específicas a representaciones de subconjuntos geográficos adecuados de la sociedad".

El punto central en la organización federal del gobierno es la capacidad de decisión de los gobiernos locales.

Como lo señala H. González Cano (2), un aspecto de la problemática que merece ser analizado es el referente a la distribución de impuestos entre el gobierno central, las provincias o estados y los municipios. Además de coordinar la acción en el campo tributario, y tal vez como requisito previo, debe coordinarse la prestación de funciones entre los distintos niveles de gobierno, como la prestación de servicios públicos, la distribución del ingreso, la estabilidad de la actividad económica y la promoción del desarrollo.

La función clásica de prestar bienes y servicios públicos se refiere al suministro de bienes que tienen características objetivas especiales que los diferencian de los bienes privados; esas características son consumo conjunto y la no aplicación del sistema de precios. Pero lo más relevante desde el punto de vista de las finanzas a distintos niveles de gobierno es que los beneficios alcanzan siempre a grupos sociales de determinado tamaño, es decir que existe un ámbito geográfico de alcance de beneficios que posibilita su asignación a grupos localizados.

Los municipios se ocupan con exclusividad de la prestación de servicios públicos a grupos geográficamente localizados; ello posibilita que los niveles de esos servicios así como la distribución de los costos y su forma de pago pueden ser determinados por los grupos directamente interesados. Precisamente el hecho de que los beneficios de los servicios municipales se limiten esencialmente al ejido municipal es lo que permite que los contribuyentes puedan decidir sobre el tipo y el nivel de prestaciones a recibir y de cómo se financiará el costo de los servicios.

A las autoridades municipales les cabe la prestación o suministro de servicios generales que tiendan a satisfacer necesidades primordiales en el orden local tales como: Alumbrado Público, Recolección de Residuos, Barrido de Calles, Agua Potable, Cloacas, Desagües Pluviales, Pavimento, Control de Alimentos, Habilitación de Comercios, Ordenamiento del Tránsito, Limpieza y Conservación de Plazas, Parques y Arbolados Urbanos, Cementerios, Mercados, Mataderos, etc. Estas funciones están expresamente contempladas en la Carta Municipal – Ley 6534 / 88.

Fortalecimiento de las Finanzas Municipales

El Impuesto Inmobiliario o Predial con que cuentan buena parte de las municipalidades de América Latina es, como se menciona en teoría, el gravamen más adecuado para captar los incrementos de los bienes inmuebles. Esto es debido a la baja movilidad interjurisdiccional y el reducido impacto distributivo de este tipo de impuesto. Lamentablemente la experiencia muestra que los valores catastrales están significativamente por debajo de los valores comerciales o de mercado; aquellos alcanzan en algunos países -en el mejor de los casos- un valor cercano a la tercera parte del valor comercial, a pesar de los esfuerzos de las instancias responsables de dicha labor por actualizar y modernizar la administración del catastro. A ello contribuye sin duda la sensibilidad o costo político que significa para las autoridades locales adoptar medidas como el aumento de tarifas del impuesto o la actualización de su base.

La Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), que en general toma como base imponible la valuación fiscal, constituye la imposición sobre los inmuebles y en la mayoría de los casos representa el principal ingreso tributario de los gobiernos municipales.

La idea es acercarse en lo posible a valores discretamente razonables, dado que las valuaciones fiscales se encuentran extremadamente desactualizadas. Se agrava esta situación en la existencia de numerosos inmuebles no registrados o con mejoras no denunciadas.

Ahora bien, los municipios prestan servicios públicos divisibles e indivisibles, y la elección de las fuentes para financiarlos es privativa de cada Municipalidad dentro del marco de su Constitución y de su Carta Orgánica o Ley Especial de funcionamiento. Impuestos, tasas, contribuciones de mejoras, precios, cánones son las distintas figuras financieras mediante las cuales los municipios solventan el costo de sus servicios divisibles e indivisibles (4), además de los recursos provenientes de las transferencias de los niveles superiores y de la coparticipación de impuestos nacionales y de la provincia.

Los gobiernos municipales deben tener un adecuado sistema de financiamiento -estable y sostenible- que guarde proporcionalidad frente a las atribuciones y competencias que le han sido conferidas por ley y mayor responsabilidad política o "accountability" de estos niveles de gobierno en su propia gestión (3).

Los municipios de nuestro país han adquirido nuevas responsabilidades como consecuencia de los procesos de urbanización, descentralización, globalización y apertura económica. A más de las funciones propias tradicionales, se le han agregado las inherentes a la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo económico, lo cual requiere la participación privada.

Esta situación produce una brecha fiscal entre las necesidades de sufragar gastos y la capacidad de obtención de recursos que dificulta la gestión de los gobiernos locales.

El Impuesto Inmobiliario con que cuentan en general los gobiernos provinciales y en particular algunos municipios, puede razonablemente considerarse un adecuado indicador de la capacidad de las personas para contribuir al financiamiento de los bienes y servicios que provee el Estado.

Convencidos de que la crisis económica y social por la que atraviesa nuestro país no deja margen para nuevos tributos creemos que, a más de proceder a una simplificación tributaria, es necesario poner el énfasis en optimizar la recaudación del Impuesto Inmobiliario, dado que las valuaciones fiscales -que constituyen la base imponible- se encuentran significativamente desactualizadas. La idea es que la carga tributaria se distribuya en equitativa proporción en función de la aptitud económica del contribuyente.

El mejoramiento de la recaudación de este tributo al igual que el de la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), que por lo general toma como base imponible la valuación fiscal del inmueble, posibilitará prestar más y mejores servicios, cubrir el saneamiento básico y atender áreas no servidas, lo que contribuiría a la creación de nuevos puestos de trabajo y, a través de los planes sociales, a paliar la pobreza.

Recomendaciones para el Fortalecimiento de las Finanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Salta

En el tema de la actualización del catastro existe una amplia perspectiva para avanzar, mucho más teniendo en cuenta que estudios realizados en el conurbano bonaerense han arribado a la conclusión de que la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza conjuntamente con la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene representan el 70% de los ingresos de jurisdicción municipal.

Con respecto a la Tasa General de Inmuebles es dable puntualizar que en la actualidad el costo global de este servicio duplica lo facturado o total emitido por este concepto. La tasa debe compensar el servicio que se presta.

Durante el año 2000 los recursos de jurisdicción municipal experimentaron un sensible incremento con respecto a períodos anteriores; no obstante ello, la suma emitida en concepto de Impuesto Inmobiliario y la Tasa General de Inmuebles (que casi en todo el país se denomina ABL) no alcanzan a cubrir el costo del servicio de la recolección, limpieza y tratamiento de la basura. Cabe señalar que gran parte de este servicio se encuentra privatizado.

Este sencillo análisis es demasiado elocuente, y nos permite visualizar una de las principales causas del déficit municipal.

Consideramos que resulta más conveniente equilibrar el déficit a través de un aumento en la recaudación, más que en la disminución del gasto productivo, dado que la reducción del gasto hace aún más difícil que la Municipalidad cumpla con sus responsabilidades básicas en lo que se refiere a inversiones en infraestructura y recursos humanos.

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la necesidad de brindar una atención de excelencia al contribuyente -sostén y destinatario de la prestación de los servicios municipales- por lo que deben instrumentarse medidas que aseguren el cumplimiento de trámites en forma ágil, cómoda y oportuna.

PORTO, Alberto: "Federalismo Fiscal en la Argentina. Evolución y Perspectivas" – 3º Congreso Tributario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal – Tandil, abril de 1995.

GONZÁLEZ CANO, Hugo N.: "El Federalismo Fiscal y la Descentralización Tributaria" – Seminario sobre Descentralización Tributaria – Buenos Aires, 1990

AGHON, Gabriel: "Fortalecimiento de las Finanzas Municipales: Nuevos Desafíos para los países de la Región" - Seminario Provincial sobre Asuntos Municipales- Mar del Plata, Mayo de 1998. ASAP.

GARCÍA BELSUNCE, Horacio: "Temas de Derecho Tributario" – A. Perrot – 1982